Dos casos con rasgos similares quedaron en evidencia en las últimas horas, luego que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro decidiera anular el nombramiento de dos agentes que durante el año prestaron servicios en la Patrulla Municipal.
¿El motivo? Habían sido echados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 2019, uno por haber sido condenado a un año de prisión en suspenso; el otro, por el manejo irregular de fondos públicos. El primero tenía rango de sargento y se desempeñaba en la DDI Mar del Plata, el otro era un comisario de la Sub DDI de Balcarce.
Los paralelismos se siguen replicando en un doble hecho que instala un signo de interrogación respecto a las garantías sobre la idoneidad de los agentes que cumplen tareas de prevención en la Patrulla Municipal: ambos inspectores fueron expulsados de la fuerza por el ministro Cristian Ritondo, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en una decisión confirmada dos años después por su sucesor Sergio Berni, ya bajo la gestión de Axel Kicillof.
Otro punto en común: los dos casos salieron a la luz cuando los entonces agentes presentaron su foja de servicios en la Bonaerense para cumplimentar los trámites de inscripción ante la Municipalidad, pese a que ya se encontraban patrullando las calles de la ciudad.
Por dichos antecedentes, los inspectores nunca deberían haber sido dados de alta por la Municipalidad, dado que la Ley 14.656 del Régimen Marco de Empleo Municipal establece en su artículo 3°, incisos a y b, la inhabilidad para el ingreso a la Administración Municipal en casos como estos. La normativa “determina claramente la inhabilidad para el ingreso bajo estas circunstancias, como así también indica la consecuencia de las designaciones realizadas en violación a la norma”, consignó el informe legal detallado en los considerandos de dos decretos de septiembre –dados a conocer en las últimas horas-, firmados por Montenegro y en los cuales se declararon nulas las dos designaciones realizadas.
Fuente: 0223