El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, se refirió al aumento del Impuesto Inmobiliario rural que puede imponerse con la aprobación de la ley fiscal 2024 que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura bonaerense.
En diálogo con DIB, Salaverri indicó que desde la entidad que preside “estamos sorprendidos y preocupados por la característica que va a tener el impuesto inmobiliario a lo largo de 2024” y explicó los cambios e incrementos que implica la ley respecto a 2023.
“El año pasado, la base imponible, que es la base de donde se aplica la alícuota y surge el impuesto, se multiplicaba por 3, y ahora se multiplica por 12 y por 15, lo cual muchos productores que estaban en una escala pueden estar en otra escala, donde el incremento de impuesto puede llegar al 240% y hasta el 300%”, expresó. Asimismo, analizó sobre el aumento: “Entendemos que no tiene nada que ver ni con la inflación ni con el incremento de muchos de los productos agropecuarios, hay una presión adicional al sector agropecuario en el aspecto rural que va más allá de la inflación”.
En tanto, Salaverri indicó también que “es preocupante la posibilidad que se genera dentro de la ley la posibilidad de colocar una cuota adicional que incrementa más lo que se denomina la presión total global, porque a las cuotas tradicionales tanto en automotores, en ingresos brutos y en inmobiliario rural se le coloca una cuota adicional”.
Al respecto, apuntó: “Esto genera bastante preocupación dentro de Carbap porque entendíamos que siguiendo los lineamientos de lo que es el proceso inflacionario, que nosotros reconocemos, estaríamos dentro de la posibilidad de pago, ahora cuando excede no solo a la inflación y al producto agropecuario y se incrementa también con una cuota más, creemos que no va a ser fácil una situación de poder sobrellevarla”.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, sostuvo a raíz de una nota periodística, que la presión fiscal que expresa la ley presentada a la Legislatura no representa un aumento del 300%, ya que durante los últimos años los incrementos fueron progresivos y, por lo tanto, todos los productores pagarían, en representación, menos que en 2019.