A siete años de la muerte del fiscal, hay otras dos causas que están empantanadas: una sobre presunto lavado de dinero que tiene a su madre imputada y la que investiga el accionar de Fein y Berni la noche del hallazgo del cuerpo.
El séptimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman encuentra al expediente que investiga las causas del deceso y los conexos virtualmente empantanados entre medidas de prueba demoradas y con pocas perspectivas de llegar en el corto plazo a instancias de definición.
En torno a Nisman hay cuatro expedientes que resumen toda la actividad: l
- La denuncia del fiscal sobre el presunto encubrimiento a los iraníes acusados por la voladura de la AMIA.
- La investigación de su propia muerte.
- El presunto lavado de dinero (que involucra a su madre, Sara Garfunkel).
- La actuación de la ex fiscal Viviana Fein y el actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la noche en que fue hallado el cadáver, en el piso 13 del edificio Le Parc, de Puerto Madero.
De las cuatro causas, sólo en una hubo una definición: en la denuncia de Nisman poco antes de morir, en la que el Tribunal Oral Federal Nº 8 resolvió que no hubo delito y sobreseyó a todos los imputados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Las otras tres causas están aletargadas y con un sinuoso camino por delante que presagia incertidumbres en todos los escenarios.
La muerte de Nisman es investigada como “homicidio” por el juez federal Julián Ercolini, y esa tesitura fue avalada por la Cámara Federal porteña.
El único procesado por el supuesto crimen es el técnico informático Diego Lagomarsino, sobre a base de un informe de la Gendarmería Nacional severamente cuestionado, a punto tal que fue tomado en cuenta sólo de manera tangencial para ratificar la acusación.
Lagomarsino fue procesado el 26 de diciembre de 2017 como “partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas”, una figura gravísima por la que podría pasar el resto de su vida en la cárcel, pese a lo cual el juez Ercolini no dictó su prisión preventiva sino que dispuso su monitoreo con una tobillera electrónica.
Una semana antes, Ercolini había procesado a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por “defraudación en perjuicio de la administración pública”, una figura que contempla penas de hasta seis años de prisión, pero a ellos, sí, les dictó la prisión preventiva y los mandó a la cárcel.
En octubre de 2020, Ercolini ordenó que le fuera retirada la tobillera electrónica a Lagomarsino, quien –no obstante- todos los meses se reporta ante el juzgado para confirmar que sigue “a derecho”.
En ese expediente el fiscal Eduardo Taiano dispuso la declaración de unos 80 agentes y ex agentes de inteligencia, pero un año después (pandemia de por medio) sólo fueron escuchados menos de la mitad.
También está pendiente un peritaje sobre entrecruzamientos telefónicos en las horas previas y posteriores al hallazgo del cadáver, por una llamativa intensificación de comunicaciones entre espías, funcionarios y fuerzas de seguridad, que directa o indirectamente, podían relacionarse con Nisman.
La causa por lavado (una cuenta en el banco Merryl Lynch de Nueva York, una chacra de mar en Punta del Este, inversiones en Buenos Aires) también tiene escaso movimiento.
Después de que el automóvil Audi en el que se desplazaba Nisman fuera entregado al empresario Claudio Picón -quien figura como su dueño- prácticamente nada más ha pasado.
Las defensas de Picón, a cargo del abogado Alejandro Novak, y de Garfunkel, representada por el ex fiscal Pablo Lanusse, el mismo abogado que tiene Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de los marinos del ARA San Juan, pidieron la nulidad de la causa desde el inicio y están a la espera (larga) de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que inexplicablemente demora su decisión.
Finalmente, la investigación sobre la actuación de Fein y Berni también está en el freezer, pese a que en reiteradas oportunidades circuló insistentemente la versión de un llamado a indagatoria para ambos por presuntamente haber adulterado la escena de la muerte.
El abogado de Fein, Lucio Simonetti, pidió como medida de prueba que se realizara un entrecruzamiento de llamados telefónicos de la noche en que fue hallado el cadáver, para demostrar con quién había hablado la fiscal y, de paso, todos quienes estuvieron con ella.
Tras varias negativas, esa medida fue finalmente ordenada hace tres años y todavía no hay conclusiones certeras sobre su resultado. (NA)