En el primer semestre de 2025 se produjeron modificaciones significativas en la regulación de armas de fuego y materiales controlados en Argentina y frente a este nuevo escenario, la decisión de los ciudadanos de adquirir un arma mostró un incremento.
Por estas horas un informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego (UFIARM) destaca el balance de la primera mitad del año en el que las medidas impactan tanto en los procedimientos administrativos como en la política criminal, y abarcan desde reformas legislativas hasta decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.
Vale decir que uno de los cambios más importantes de este 2025 fue la digitalización de los trámites, pero los requisitos se mantienen, tanto en los exámenes psicofísicos, de destreza e idoneidad, inexistencia de antecedentes penales y medios de vida lícitos, entre otros. Eso sí, ahora la edad mínima para aspirar a tener un arma ya no es de 21 años sino de 18.
Otra mirada sobre el incremento de la venta de armas está orientada hacia la proliferación de hechos de inseguridad.
Para la facilitación en la obtención de un arma fue clave que se habilitara un trámite exprés para la tenencia legal de armas (Resolución 45/2025) y se digitalizó la Tarjeta de Control de Consumo de Municiones (Resolución 14/2025). Asimismo, se eliminó el requisito de contar con habilitación municipal para instalar armerías o clubes de tiro (Resolución 49/2025), y los trámites de importación y exportación de materiales controlados deberán realizarse exclusivamente por Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA).
Entre las principales novedades que entraron en vigencia recientemente se destaca la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el nuevo Registro Nacional de Armas (RENAR), ahora como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad. Esta medida fue formalizada por el Decreto 445/2025, que eliminó funciones clave de la extinta ANMaC, como la promoción del desarme civil y la gestión del Fondo Nacional de Prevención de la Violencia Armada.
Otro cambio relevante es la autorización para que legítimos usuarios accedan a armas semiautomáticas con cargadores removibles de tipo militar, tras una modificación al Decreto 64/95 mediante el Decreto 397/2025, lo cual antes estaba expresamente prohibido. Además, se estableció un régimen diferenciado de tenencia y portación para fuerzas de seguridad, otorgándoles mayor autonomía en el control, según lo dispuesto en el Decreto 409/2025.
Por último, se autorizó la entrega de 471 armas decomisadas a las fuerzas de seguridad para uso público (Resolución 71/2025), en el marco del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 103/2025, que permite este tipo de redistribución en lugar de proceder a su destrucción.
La Capital