El brutal asesinato de la jóven de 17 años que conmovió al país involucró a familias de dirigentes políticos, cúpulas de la policía provincial y miembros de la Justicia durante el gobierno del fallecido mandatario catamarqueño.
El crimen de María Soledad conmocionó a la sociedad argentino, determinó la intervención de Catamarca y puso fin a los gobiernos saadistas en la provincia.
Ramón Saadi murió a los 74 años. El exgobernador de Catamarca, que constituyó una estructura de gobierno endogámica bajo el sello del Partido Justicialista (PJ), no superó una enfermedad que se había agravado. Su legado feudal coincidió con el regreso de la democracia del alfonsinimo y, luego, con el calor del inicio de la era menemista. Su reelección indefinida, sin embargo, sucumbirían ante el crimen que expuso a nivel provincial los privilegios e impunidades del poder: el de María Soledad Morales.
Apenas 17 años tenía María Soledad del 8 de septiembre de 1990, a mitades del segundo gobierno de Ramón Saadi. Aquella noche, la estudiante del Colegio del Carmen y San José sería violada y asesinada, tras haber recibido una dosis de cocaína inyectada. Luis Tula, un hombre casado de 28 años y en una relación amorosa con la joven, la llevó desde el boliche Le Feu Rouge, donde participaba de una fiesta de estudiantes para recaudar fondos para el viaje de egresados, hasta la megadisco Clivus.
Allí estaba Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque (PJ), y quien, sobre el cierre del Clivus, le gritó a Tula, según declaró el barman del lugar: “A la flaca la llevo yo, vos anda después”. Horas más tarde, en la mañana del lunes 10 de septiembre, el cuerpo semidesnudo de la joven fue hallado en las afueras de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca: su rostro estaba desfigurado, con quemaduras de cigarrillo y mutilado, por lo que su padre debió reconocerla por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.
El asesinato de María Soledad marcó un antes y un después no solo en Catamarca, también en la Argentina.
Los involucrados, por entonces, giraban alrededor de la administración de Saadi y parte de las autoridades policiales de la provincia. Además de Tula y Luque, los sospechosos eran Pablo y Diego Jalil (sobrinos del intendente José Jalil), Miguel Ángel Ferreyra (hijo del jefe de la policía local) y Arnoldo “Arnoldito” Saadi (primo del gobernador), propietario de la camioneta en donde se subió María Soledad y fue vista por última vez viva.
El caso marcó un quiebre en la Catamarca dominada por la familia Saadi y puso en evidencia la inmunidad con que se manejaban los llamados “hijos del poder”. La posterior investigación estuvo plagada de irregularidades y complicidades entre la Policía provincial, la Justicia y los dirigentes políticos, un caldo de cultivo que explotó en las “marchas del silencio”, lideradas por los padres de María Soledad y la monja Martha Pelloni, rectora del Colegio del Carmen y San José por aquellos años.
Con el objetivo de despegarse del crimen y los implicados, Ramón Saadi organizó las “marchas de la verdad”, por lo que comenzó a rivalizar con las protestas de los familiares. La demanda social obligó al entonces presidente, Carlos Menem, a ordenar su intervención federal de los tres poderes provinciales, razón por la acabó desplazado como gobernador, un cargo que buscó recuperar luego pero nunca pudo frente a la dura caída de su popularidad y la ruptura del peronismo catamarqueño.
El difunto diputado Ángel Luque y su hijo Guillermo, condenado por la violación y el crimen de María Soledad.
La carrera política de Ramón Saadi, pese al enorme impacto que provocó el asesinato de María Soledad, no terminaría. Durante los años noventa, fue diputado nacional por los períodos 1991-1995 y 1999-2003. Por otro lado, con el cambio de siglo, iniciaría un extenso período como senador entre 2003 y 2009, lo que se sumaron a su breve estadía en la Cámara Alta entre 1987 y 1988, cuando su padre Vicente lo sucedió al frente del gobierno de Catamarca pero murió tras solo ocho meses de haber asumido.
Con un juicio suspendido por irregularidades, Guillermo Luque finalmente sería considerado el autor de la violación y asesinato de la joven de 17 años. “Si mi hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido nunca“, afirmó en esos días su padre, el diputado nacional, a quien finalmente le valdría su expulsión del Congreso. En febrero de 1998, Luque fue condenado a 21 años de cárcel, mientras que a Luis Tula le dieron nueve por considerarlo partícipe secundario de la violación y el asesinato.
La resolución del caso, sin embargo, no sería del todo bien vista por los familiares y las miles de personas que reclamaron justicia por el crimen de María Soledad y el fin de la impunidad política en Catamarca debido a que se acusaba la participación de más personas en el hecho. Años después, el hijo del entonces diputado salió en libertad condicional “por comportamiento ejemplar” luego de 14 años de encierro, mientras que su cómplice solo estuvo en prisión cuatro años y medio.