Tres ingenieros designados por el máximo tribunal de la Provincia supervisarán las instalaciones de la Unidad Penal N°15 a fin de mes. Una jueza de Mar del Plata ya mostró preocupación por el estado de deterioro del complejo carcelario.
La cárcel de Batán arrrastra problemas de mantenimiento desde el 2008.
En el 2021, hubo una inspección donde quedaron al desnudo los problemas de mantenimiento que arrastra la La UP N°15 desde el 2008.
Peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires volverán a inspeccionar a fin de mes la Unidad Penal N°15 de Batán, después del informe que dieron a conocer el año pasado donde advirtieron graves carencias edilicias que justificaron una medida judicial para restringir el ingreso de nuevas personas detenidas o condenadas provenientes de ciudades vecinas a Mar del Plata.
Por pedido de las autoridades del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°1 de Mar del Plata, donde se tramita el habeas corpus correctivo que permitió dictar la restricción en la cantidad de alojamiento, tres ingenieros designados por el máximo tribunal de Justicia bonaerense recorrerán las instalaciones de la cárcel el 30 de marzo, según pudo confirmar 0223.
La nueva inspección ocular busca “actualizar la pericia” que se dio a conocer el año pasado, donde se constataron problemáticas edilicias de gravedad. A simple vista, los expertos habían mostrado preocupación por “profundas perforaciones en los pisos de los pabellones, fisuras en los techos, derrumbes de la estructura del muro de una de las alas del sector de los talleres (encontrándose en uso el otro lado), pérdidas de agua, baños y letrinas en un estado de decadencia absoluta, tendido eléctrico a la vista, caída de mampostería y rotura de vidrios”.
En la recorrida que se hizo en el 2022, los ingenieros reconocieron un “mantenimiento general insuficiente y deficiente” en el penal de Batán. “Desde el 2008 hemos venido realizando informes periciales en la Unidad Penal N°15, poniendo de manifiesto cómo paulatinamente se iba degradando la edificación a causa de la inacción en relación a la falta de mantenimiento y obras, que hubieran permitido, -de llevarse a cabo las mismas-, la conservación de los materiales y las instalaciones que componen la unidad”, reprocharon.
Mariana Irianni, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, reclamó la actualización de los informes periciales ya que el 14 de abril está previsto que se desarrolle otra audiencia, con presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, con la principal expectativa puesta en que los funcionarios acerquen un plan de obras para poner en marcha una puesta en valor integral de la cárcel.
Dina Rossi, la directora del área de Política y Gestión Penitenciaria que depende del mismo ministerio, ya manifestó al Juzgado el compromiso de presentar en los primeros días de abril, a más tardar, el proyecto de reacondicionamiento que se reclama para la Unidad Penal N°15.
Hasta febrero, la cárcel de Batán seguirá sin recibir presos de ciudades vecinas
En un reciente informe, la jueza Irianni ya advirtió que “persisten condiciones inadecuadas frente al riesgo eléctrico, al sofocamiento a causa de incendio, a la evacuación de reclusos en caso de ser necesario, al colapso del sector talleres y a las filtraciones en la cubierta que han producido desmoronamientos en los cielorrasos y oxidaciones en las armaduras de las losas de la cubierta de la unidad”.
El 2 de septiembre, la magistrada firmó una resolución para restringir la posibilidad que otras jurisdicciones de la zona – con excepción de Necochea – envíen sus detenidos, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite, a Batán. Esa medida se fundó por el alarmante grado de sobrepoblación carcelaria y el deterioro “generalizado” que se acusó en las instalaciones de la cárcel.
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