El común de la gente suele decir que los privados de la libertad se merecen el estado en el que les toca transitar la detención porque por algo están ahí. Sin embrago, a lo largo de los años, las cárceles y comisarías se han vuelto un lugar de tortura que muy lejos están de cumplir con los preceptos constitucionales.
En una extensa charla con TsnNecochea, la jueza de Garantías N° 2, Aida Lehz, se refirió a esta situación y explicó además cuáles son los deberes de la justicia para garantizar los derechos de los acusados. En ese mismo marco, explicó por qué, en muchos casos, deben tomar la decisión de denegar los pedidos de detención que se solicitan desde la fiscalía.
La magistrada detalló, respecto a este último punto, que “se denegaron algunas detenciones en los últimos días, en principio no sólo por la gravísima situación donde deben alojarse las personas privadas de libertad, sino que también se analizó que los hechos eran excarcelables, lo que quiere decir que iban a estar detenidos unos poquitos días porque sí o sí iban a quedar excarcelados por ley”.
El problema de los lugares de detención no es sólo en las comisarías locales, donde han estado amplísimamente superados los cupos, y dio como ejemplo el caso de la Primera que tiene capacidad para 8 detenidos y había en un momento que tenía alojados 22.
“En la visita que hice a principios de este mes no se podía caminar directamente porque estaban todos los colchones en el piso” indicó, aclarando que lo mismo se ve en la alcaidía de Batán donde también se alojan detenidos de Necochea y, tanto la 44 como la 15, están superadas en población
“Es cierto que uno puede decir bueno, pero son personas que delinquieron, lo hubiesen pensado antes, pero hay que aclarar que en la etapa que yo intervengo, que es el inicio de la investigación, la regla constitucional y procesal es la libertad durante el proceso. Cuando la gente dice entró por una puerta y salió por otra, no está mal que así suceda, es el proceso y así es la ley” fundamentó la jueza.
Asimismo, aclaró que si se acreditan ciertos extremos la persona va a quedar detenida, pero sino se acreditan lo
normal es que queden libres durante la investigación, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
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En ese punto, Lhez consideró que el problema, a su modo de ver, “es la demora que existe para llegar a una sentencia. Es una cuestión legislativa. Nosotros tenemos 4 meses para juntar toda la prueba, pero después hay un plazo de más de un año para llegar a juicio. El promedio es de dos años y esto es lo que complejiza todo, porque lo lógico es que, con el principio constitucional de inocencia, la persona no quede detenida pero que tenga una sentencia en un plazo razonable; entonces, si se la declara culpable, ahí sí deberá ir a una unidad penal de cumplir la sentencia”.
“Tenemos que tener en cuenta además que la cárcel es para castigo, pero no para tortura, las condiciones hoy de los presos son realmente una tortura” expresó.
Respecto a los alimentos que reciben los privados de la libertad, Lehz señaló que en Batán se los proveen, pero son mínimos: “es la ley de la selva. Se llevan bandejas enormes al medio del pabellón y ahí es el que agarra come”. Además, remarcó que, contrario a lo que muchos creen, los presos bonaerenses no cobran un sueldo.
“En la última visita que hice a Batán, había una persona en un buzón, sin agua, sin luz y en el medio de una suciedad absoluta” relató, agregando este tipo de situaciones no sólo se ven en Batán: “fui ahora a hacer la visita a Fernández, que hay calabozos chiquitos, y había una detenida. No había luz, la detenida estaba a oscuras, no tenía agua y el baño estaba todo roto porque ese calabozo lo rompió un detenido hace dos años y nunca se arregló. Es terrible que haya una persona así. Es inadmisible porque eso es tortura y no está permitido por la ley”.
“Yo entiendo que tampoco hay recursos en los hospitales, pero mi rol son las personas privadas de la libertad y garantizar las condiciones mínimas de esas personas” sostuvo la magistrada y explicó cuál es la función de los jueces de garantías: “el juez de garantías no interviene en la investigación, la investigación está a cargo del fiscal y somos después quienes decidimos si queda la persona privada de la libertad. Pero, además, somos los garantes de que se cumplan sus derechos mínimos. El permitir que las personas estén detenidas en condiciones inhumanas sería estar incurriendo nosotros mismos en un delito”.
Imágenes de las condiciones en que viven los privados de la libertad en las comisarías locales:
