El Colegio de Abogados de Necochea ha manifestado su firme oposición a la implementación de las sucesiones notariales, adhiriéndose al Encuentro de Derecho Sucesorio que se llevará a cabo este viernes en Rosario.

En un comunicado oficial, la institución necochense ha expresado su preocupación por las consecuencias que esta medida podría tener para la ciudadanía. Los abogados locales advierten que la obligatoriedad de realizar las sucesiones ante escribanos generaría un incremento significativo en los costos para las familias, sin que ello se traduzca en una mejora en la celeridad de los trámites ni en una mayor seguridad jurídica.

Ratificamos lo resuelto por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en torno a que las sucesiones notariales redundarán en mayores costos para la población, sin contribución alguna a la reducción de plazos, acarreando un grave perjuicio para la seguridad jurídica y generando mayor conflictividad social”, sostuvieron los abogados necochenses.

Los principales argumentos en contra de las sucesiones notariales, según el Colegio de Abogados de Necochea, son:

Incremento de costos: Las tasas notariales elevarían significativamente los gastos asociados a las sucesiones.
Falta de agilidad: No existe evidencia de que la intervención de escribanos reduzca los plazos de los trámites sucesorios.
Riesgo para la seguridad jurídica: La exclusividad de los escribanos podría generar conflictos y litigios.
-Mayor conflictividad social: La implementación de esta medida podría generar mayor desigualdad y tensiones sociales.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Necochea insta a la comunidad jurídica a unirse en defensa de la competencia de los abogados en materia sucesoria y a rechazar cualquier iniciativa que busque desplazar al Poder Judicial de esta función. Asimismo, advierten a la ciudadanía sobre los posibles perjuicios de las sucesiones notariales y los exhortan a no dejarse engañar por falsas promesas.

El Colegio de Abogados de Necochea continuará trabajando en conjunto con las demás instituciones del sector para defender los derechos de los ciudadanos y garantizar el acceso a la justicia.