El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, adjudicó un contrato por USD 195.000 para la creación y administración de perfiles de redes sociales de “Visit Argentina” en la República Popular China. La contratación recayó en la empresa Puken Media S.A., lo que equivale a aproximadamente $238.875.000 según la cotización de $1.225 por dólar.
La licitación, realizada bajo la modalidad de “Compulsa Abreviada por Monto Internacional”, fue publicada por el INPROTUR bajo el expediente EX-2024-139357178-APN-INPROTUR#JGM. Pese a que se cursaron invitaciones a tres empresas del sector, solo Puken Media S.A. presentó una oferta, que fue aceptada sin impugnaciones.
El desglose del contrato incluye dos renglones: USD 15.000 para la apertura de cuentas en redes sociales chinas (como Weibo, Red y WeChat) y USD 180.000 por un año de administración de los perfiles y publicación de contenido.
El contrato fue firmado por la secretaria ejecutiva de INPROTUR, Natalia Alejandra Recio, quien depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos. La designación de un agente certificador, a través de la Dirección de Administración y Finanzas del organismo, quedó en manos de Nicolás Galvis.
El escándalo toma otra dimensión cuando se recuerda que, en noviembre de 2024, Milei se reunió con Xi Jinping en el G20 de Río de Janeiro, donde dio un giro de 180 grados a su discurso anti-China y estrechó la mano del mandatario comunista. En ese encuentro, se reafirmaron acuerdos comerciales y financieros, incluyendo la renovación del swap de monedas con el país asiático, clave para sostener las reservas del Banco Central argentino.
El mismo Milei que había afirmado que “con los comunistas no se negocia” terminó acordando con Xi Jinping, lo que ahora se traduce en contratos millonarios en beneficio de empresas privadas.
El contrato estipula que la empresa adjudicataria deberá presentar informes de rendimiento mensuales, aunque no se detallan métricas concretas ni sanciones en caso de que los resultados sean deficientes. En términos simples, el Estado pagará una fortuna sin una garantía clara de que la inversión será efectiva.