Esta mañana fue la audiencia de cesura y ahora el Tribunal deberá dar lectura a la sentencia el próximo viernes, que será cuando se conozca la forma de cumplimiento de las penas por las que fueron condenados.
Apuntan principalmente a la valoración que se tuvo sobre el testimonio de la perito de parte, Virginia Creimer y consideran que se desestimaron las afirmaciones de los peritos oficiales, Rodríguez y Gabriele, quienes aseguraron que el cuerpo no estaba golpeado y que la muerte se había producido por ahorcamiento.
“No se tomó en cuenta la trayectoria de Rodríguez y que él es un funcionario del poder judicial. Se hizo hincapié en la doctora Cremier que anda por todo el país en este tipo de juicios, armando causas y distorsionando pruebas” sostuvo Gabriel Allamanla, padre de Daniel, uno de los efectivos condenados por el delito de tortura seguida de muerte.
Los abogados defensores ya iniciaron las apelaciones y los familiares confían en que Casación tomará en cuenta todas las pruebas y no una sola parte.
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Con respecto a lo que pueda ocurrir el próximo viernes, y sobre si el Tribunal les dará el beneficio de la prisión domiciliaria como ellos pretenden, Allamanla consideró que, basados en otros casos de policías condenados en la ciudad, “si esto no es una cacería de brujas, no haría razón para no darlo”.
Javier Larrea, padre de Matías, también condenado bajo la misma caratula, dijo que van a pelear hasta las últimas consecuencias y remarcó que en el caso puntual de su hijo ni siquiera estaba en la dependencia en el momento que ocurrió la muerte de Suárez.
“En las pericias se le dio más lugar a una médica actriz que ni siquiera vio el cuerpo de la víctima” sostuvo respecto a Creimer, agregando que “en todos los hechos que participa implementa las mismas artimañas para causas armadas”.
Adelantó que mañana volverán a marchar al Tribunal, “siempre como se ha hecho, de manera tranquila y pensando en lo que se está reclamando”.
Larrea, que es policía retirado se refirió también al acompañamiento que reciben por parte de la fuerza y reconoció que la ley orgánica no les permite hacer visibles este tipo de reclamos.
Ambos volvieron a subrayar lo que se dijo repetidamente en el juicio que es que todos los condenados estuvieron siempre sujetos de derecho durante los 9 años que duró el proceso.
“Nosotros seguiremos luchando por el camino correcto de la convivencia y el respeto, nunca va a haber un insulto, un agravio ni nada de nuestra parte; somos personas de trabajo que sabemos que se ha cometido una aberración, pero nuestro reclamo no cesará hasta que haya un juicio justo” sentenció Allamanla.