A las 16.45 del 6 de julio de 2006, sobre Cabildo, entre La Pampa y José Hernández, Martín Ríos sacó su pistola y en calma, según describieron los testigos, comenzó a disparar contra la multitud que a esa hora caminaba por allí. Fueron al menos 13 disparos; tres le arrebataron la vida al joven necochense que estudiaba en esa ciudad.
Ríos caminaba por Belgrano como si lo hiciera en una selva. Él era el cazador. Usaba su arma como si fuera el control de un videojuego.
Lo detuvieron una semana después en Munro, de casualidad, cuando él se bajó del auto que le había sacado a su madre para orinar a un costado de la ruta. Los policías bonaerenses le encontraron el arma usada en el crimen. Las pericias balísticas confirmaron que con esa arma no sólo había sido el autor del crimen de Marcenac, sino también de otros tres ataques a balazos: a un colectivo -donde hirió a dos pasajeros- con dos heridos, a una confitería con una adolescente baleada y a un tren en movimiento.
Ríos vivía en Cramer a 2100, en Belgrano, donde ocurrieron todos los hechos. La prensa lo llamó “El loco de Belgrano” o el “tirador serial de Belgrano.
En dos juicios fue declarado inimputable. Ahora tiene 45 años y está en el sector Prisma de la cárcel de Ezeiza.
En Necochea, hubo ese mismo una marcha mutitudinaria en el centro de la ciudad, encabezada por los padres del joven, para exigir justicia. La placita que está ubicada en el Centro Cívico, en 58 y 61, llamada “Plaza por la Paz” lo recuerda.
Mientras tanto, y después de años de lucha por el desarme, el Gobierno adelantó en los últimos días que presentarán un proyecto de ley destinado a regularizar la tenencia de armas de fuego y simplificar los trámites correspondientes para que los usuarios puedan declararlas y/o solicitar la destrucción de las mismas de forma anónima. “Nuestro objetivo es que sea mucho más práctico, fácil y moderno”, explicó el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Juan Pablo Allan.
Ante estas iniciativas, la Asociación Civil Alfredo Marcenac, creada por los padres del joven necochense que fue asesinado a tiros en el barrio de Belgrano sentó su postura mediante un comunicado titulado: “¿Cambio de rumbo en las políticas de control de las armas de fuego en Argentina? ¿Hacia dónde vamos?”:
“A casi 18 años del crimen de nuestro hijo, Alfredo Marcenac, asesinado por un psicópata autorizado por el Estado a tener un arma de fuego, el proyecto de ley que llega al Congreso de la nación referido a la regularización de las armas de fuego ilegales y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de fuego, muestra un cambio radical en la perspectiva y pone en riesgo los avances que nuestro país ha hecho en esta materia.
Tanto en el proyecto de ley como en el comunicado que sacó el Ministerio de Seguridad de la Nación anunciando las medidas, se evidencia que el problema ya no es la presencia de las armas de fuego en la sociedad, sino únicamente su ilegalidad. Esta mirada parcial y restringida, abre muchas preguntas y exige alertar a funcionarios, legisladores y ciudadanía sobre sus consecuencias. TODAS las armas de fuego generan riesgo de muerte, no interesa si son legales o ilegales. Más aún, la mayoría de las armas que circulan en el mercado ilegal, fueron legales en algún momento. Por eso, disminuir el circulante de armas es la mejor estrategia para evitar muertos o heridos.
Resulta alarmante el tono trivial del último párrafo del twit del Ministerio de Seguridad de la Nación anunciando este proyecto: “desde la ANMAC, se continuará eliminando procedimientos innecesarios y costosos para facilitar la legítima tenencia de armas…” Nos preguntamos, ¿qué otros procedimientos se consideran innecesarios?. En el afán de “favorecer” a los usuarios de armas, ¿se estará pensando también!!! en eliminar o “suavizar” el certificado de aptitud psicológica?”.
Queremos recordar que las armas son un gran negocio y el lobby de los armistas es muy fuerte. Hasta el crimen de Alfredo no había control de las armas de fuego ni control sobre los usuarios en nuestro país. Se ha avanzado mucho y falta todavía por hacer, pero el camino no es la flexibilización. El Estado debe ejercer de forma responsable y firme, un fuerte control. Sólo así estaremos más seguros y evitaremos crímenes como el de nuestro hijo”.