La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) empezó a enviar a las cooperativas de electricidad con el objetivo cobrar las deudas que éstas arrastran con la mayorista energética. El mecanismo es el embargo de las cuentas.
Entre las entidades estaría la Usina Popular Cooperativa.
En este esquema, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se buscará salir al rescate de las cooperativas; principalmente porque el servicio que prestan es vital para la vida diaria en diferentes puntos del interior bonaerense.
Reunidas en distintas federaciones, en la provincia de Buenos Aires hay 200 cooperativas que brindan servicio de energía eléctrica por fuera de la zona AMBA (donde operan EDENOR y EDESUR) y las ciudades que están bajo la cobertura del Grupo DESA que presta servicio con sus diferentes empresas (EDEA, EDELAP, EDEN y EDES). Las cooperativas eléctricas, por su parte, prestan servicio a más de un 1 millón de usuarios en la provincia de Buenos Aires.
Ante esta situación, en el caso de Buenos Aires, en agosto del 2021 el Gobierno bonaerense generó un mecanismo de subsidio no reembolsable que se implementó a través de un aporte no reembolsable mediante el Fondo Compensador Tarifario.
El congelamiento tarifario de años anteriores jugó un papel importante en las deudas que fueron generando las cooperativas.
Ahora, CAMMESA reclama las deudas y busca trabar los fondos de las cooperativas deudoras. Las intimaciones ya llegaron a las cooperativas de Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate.
Con información de INFOBAE