El Ministerio de Seguridad dispuso nuevas restricciones para las visitas a internos considerados de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal. Los presos ya no podrán tener contacto físico con sus familiares.
La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 153/2025 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.
Según la resolución, cada preso “podrá recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de 16 años”. El encuentro se hará a través de un locutorio, será posible cada 15 días y tendrá una duración de una hora. La misma modalidad se aplicará para quienes tengan hijos menores de esa edad.
La nueva normativa establece que “el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre detenido cada interno y al Ministerio Público Fiscal que por jurisdicción corresponda, que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema”.
El Ministerio además dispuso que no se autorizará la visita de personas condenadas o bajo investigación por delitos. Los internos tampoco podrán recibir visitas de apoderados ni allegados.
El sistema de gestión de presos de alto riesgo fue implementado en 2024 como parte del Plan Bandera, un esquema de seguridad reforzada para contener la violencia narco en Santa Fe.
En los considerandos de la resolución, se indicó que transcurrido un año desde la implementación del sistema, “se advierte que, frente a la efectividad de las restricciones impuestas, se estaría profundizando una nueva estrategia para sortear los controles, la cual consiste en la utilización de las visitas autorizadas a familiares directos y a abogados defensores como medio de transmisión de órdenes e instrucciones al exterior”.
Sobre este punto, se mencionó la decisión tras la detención de nueve familiares y dos abogados de internos de alto riesgo. “Las detenciones fueron ordenadas por su presunta participación en los delitos previstos en la Ley N° 23.737, asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros, que estarían vinculados con los delitos cometidos por los internos alojados en el sistema”, precisaron desde el Ministerio de Seguridad.