Con foco en catorce detenidos por causas federales que se encuentran alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Fiscal Federal Juan Manuel Pettigiani presentó una acción de amparo para solicitar que se deje sin efecto el uso de celulares que tenían permitido desde finales de marzo de 2020 con motivo de la pandemia de COVID.
En su acción de amparo contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se intime a la Subsecretaría de Política Criminal, sostuvo que debe dejarse sin efecto el protocolo que facultaba el uso de celulares porque la emergencia sanitaria culminó el 31 de diciembre de 2023.
La medida alcanza a internos alojados en las Unidades Penales N° 44, N°15 y N° 50 de Batán y en la N°6 de Dolores ya que entiende que, además de la necesidad de retrotraer las cosas al día anterior del protocolo, “el uso de celulares terminó convirtiéndose en instrumento para la comisión de nuevos delitos”.
A modo de ejemplo planteó la situación de Claudia Camacho Solís –alojada en la UP N°50- que tiene una nueva causa por la posible comisión de amenazas y otros delitos por infracción a la ley de estupefacientes estando detenida.
“La presente acción de amparo es el único remedio judicial idóneo para lograr, a través de la respectiva resolución judicial, que se hagan cesar los efectos del acto dictado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por cuan to a la fecha –esto pasado más de un mes del vencimiento de la emergencia en materia sanitaria-, no se ha dictado acto administrativo alguno que ponga fin al protocolo que autorizara el uso de celulares en el ámbito del SPB”, argumentó.
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