En una respuesta contundente a los recientes decretos emitidos por el presidente Javier Milei, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha anunciado su estado de alerta y movilización, expresando su preocupación por las posibles consecuencias de estas medidas en los derechos laborales, especialmente en el sector rural.
La dirigente sindical Natalia Sánchez Jauregui, referente de la UATRE en la provincia de Buenos Aires, ha señalado que el decreto impacta directamente en la clase trabajadora, destacando la vulnerabilidad de sectores con altas tasas de informalidad, como el trabajo en casas particulares y los trabajadores rurales.
Explicó que con esta medida “Se habilita la tercerización a través de empresas de servicios temporarios que estaba prohibido. Este decreto solo pretende imponer medidas que fomentan el empleo precarizado y con el discurso de la libertad vienen a cambiar todo y lo que menos van a tener son derechos”.
En el comunicado, la dirigente sindical remarcó la importancia de respetar la Constitución y convencer a las mayorías para mantener la legitimidad de las decisiones gubernamentales. Advierte sobre el riesgo de perder el respeto a la autoridad y debilitar el valor de la República si no se cumplen estos principios fundamentales.
Indicó que “la UATRE, a lo largo de los años, ha sido una voz activa en la defensa de los derechos laborales, y esta situación no es la excepción”. Luego recordó proyectos presentados durante su gestión como legisladora, orientados a combatir el trabajo informal en el sector rural. Propuso la creación de una Secretaría de Inspectores del Sector Rural, dependiente del Ministerio de Trabajo Provincial, como una medida para abordar la legislación rural y combatir prácticas ilegales.
Con 134 actividades con convenios colectivos distintos en el sector rural, la dirigente subrayó la necesidad de un organismo regulador que combata el trabajo informal y la trata de personas en el ámbito laboral rural. Es por eso que la UATRE se compromete a mantenerse activa en la defensa de los derechos laborales, asegurando que no permitirá que se vulneren los logros obtenidos con años de lucha.