El interbloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que rechaza de forma indeclinable el DNU 70/2023 (Decreto de Necesidad y Urgencia) que impulsa el presidente Javier Milei, cuyo fin es modificar más de 300 leyes vigentes que, claramente, impactarán de forma negativa en la vida de todos y todas las ciudadanas del país.

En dicho comunicado, y con evidente preocupación, los y las concejales Mauro Velázquez, Andrea Cáceres, Julián Kristiansen y Evangelina Almada, hacen hincapié en que la medida avasalla el principio de división de poderes, pilar fundamental de todo sistema republicano de gobierno, poniendo de esta forma en peligro el Estado de Derecho y al Sistema Democrático.

El interbloque pone foco en el cambio drástico que puede haber en el mundo del trabajo, algo en lo que ya se ha expedido la CGT, que va desde la extensión de los períodos de prueba, la limitación del derecho a huelga o las facilidades de la patronal para despedir a quienes participen de medidas de fuerza.

Además, alerta sobre la privatización de empresas estatales emblemáticas por ejemplo, lo que indefectiblemente provocará pérdidas de puestos laborales; como así también pone de relieve lo que pueda acontecer, de avanzar esta postura, en términos sanitarios, ya que se afectará la producción pública de medicamentos, habrá aumento de precios en forma desmedida y hasta se especula con la eliminación de las obras sociales.

También consideran que el DNU de referencia deroga la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la Ley de Promoción Industrial, impactando de forma directa y profundamente negativa en la planificación diaria de los hogares argentinos.

Para terminar, y con respecto a las infancias, consideran que este paquete de reformas propone una cantidad abrumadora de modificaciones contrarias a las garantías consagradas constitucionalmente y que afectan de forma directa los derechos de niños, niñas y adolescentes, negando derechos fundamentales y restableciendo viejas y derogadas concepciones en las que el Estado puede arbitrariamente separarlos de sus familias.