El gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lanzó una nueva subasta pública que incluye más de 450 propiedades en todo el país, con un total de 65 ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Entre estos inmuebles, destacan varios terrenos pertenecientes a la quinta sección electoral bonaerense, entre los que se encuentra una importante propiedad situada en el partido de Tandil, que alguna vez albergó el batallón logístico 1 del Ejército.
El terreno de 3.596.516 metros cuadrados, de enormes dimensiones, fue uno de los que el entonces presidente Mauricio Macri incluyó en un decreto de 2017 con el fin de ponerlo a la venta. La actual gestión, bajo la administración de Javier Milei, ratificó dicha decisión y avanzó con la subasta. Este predio, ubicado sobre la Ruta Nacional 226, está directamente vinculado a la historia reciente del país, ya que linda con el centro clandestino de detención “La Huerta”, un sitio de memoria relacionado con la última dictadura militar.
En el anuncio publicado por la AABE, se precisa que el sector correspondiente a dicho centro clandestino de detención ha sido excluido de la parcela que se ofrece en subasta, conforme al perímetro detallado en la documentación oficial disponible en su sitio web. Además, trascendió que saldrían a subasta otros lotes en esta zona.
Junto con el terreno de Tandil, además, otro de los predios destacados es uno situado en Mar del Plata, específicamente en el barrio La Perla, cerca de la costanera, un área de gran interés para los desarrollos urbanos en la ciudad balnearia.
La venta de estas propiedades forma parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno de Milei para reducir el stock de bienes no estratégicos del Estado y generar recursos para el erario público.
La subasta de estas propiedades podría marcar un cambio en el uso del suelo en áreas históricas, como Tandil y Mar del Plata, Balcarce y Necochea mientras que la inclusión de predios de este tipo en el mercado refleja un enfoque del gobierno hacia la optimización de los bienes del Estado en un contexto de ajuste fiscal y reestructuración económica.
Fuente: La Vanguardia