Una profunda preocupación se manifiesta en La Dulce y Juan N. Fernández con respecto a una supuesta medida municipal firmada por quince de los veinte concejales, que aseguran en esas localidades que pone en riesgo la continuidad de los geriátricos en La Dulce, Juan N. Fernández y Claraz.
La Ordenanza 11.452/2024, (Ordenanza Fiscal impositiva) permite a la Municipalidad de Necochea cobrar por dicho servicio. Los valores alcanzarían el 80% de los haberes de los abuelos internados en el geriátrico cuando tienen sólo jubilación y el 60% cuando tienen jubilación y pensión.
Así lo expuso Viviana Galli, Presidente de la Cooperadora del Hospital de Juan N. Fernández, quien estuvo acompañada de la Dra. María Damario, Directora del Hospital Néstor Cattoni, de la Unidad Sanitaria de La Dulce, Yesica Martínez y miembros de la Asociación Cooperadora, de Sergio Ituarte, Coordinador de la Unidad Sanitaria de Claraz y miembros de esa cooperadora.
De concretarse esta medida hay miedo que las Cooperadoras de estos geriátricos se quedan sin el dinero que les cobran a los internos, el cuál se utiliza para la compra de alimentos y algunos insumos hospitalarios, como jeringas, gasas, guantes, etc., ya que desde la Municipalidad, por más que estén los pedidos hechos, se demora en las entregas y las cooperadoras hacen frente a estas faltantes con este recurso. Por otro lado, deja a los abuelos en una situación de vulnerabilidad, que viendo su jubilación afectada en un 80%, quedan desprotegidos frente a la compra de medicamentos, pañales y otros gastos que puedan tener.
Lo llamativo, es que cuando se les consultó a algunos concejales el por qué de la medida, refirieron no saber de qué les estaban hablando, desconciendo que su propia firma estaba en la ordenanza.
A raíz de esta situación las Unidades Sanitarias de La Dulce y Claraz y el Hospital de Juan N. Fernandez, elevaron un pedido de reunión con el municipio y también un proyecto de ordenanza, que fue entregado a cada bloque, a la Secretaría Legislativa y en la Mesa de Entradas para que quede sin efecto la ordenanza que pone en riesgo el sistema de salud en el interior, afectando en mayor medida a los más vulnerables