Opinión por: Javier Arevalo
En 1986, Alan García, presidente del Perú, vio dos torres de dieciocho pisos, a medio terminar, a diez cuadras de Palacio de Gobierno. Consideró que era una “gran insensibilidad” tener paralizada una obra de esa magnitud, que podía servir para un “banco o una maternidad” y, contra las leyes peruanas decidió confiscarla. Treinta años después, los conflictos legales que acarreó su euforia hicieron imposible la estatización de la propiedad: el edificio continúa sin terminar, tal cual estaba en los años ochenta.
García no gobernaba, repartía. Ese es uno de sus “legados” de García, repartir lo que no es suyo; el Estado como botín.
García ganó sus primeras elecciones presidenciales con un discurso de centro izquierda: la camioneta que usaba para desplazarse durante su campaña, y parte de esa campaña, la financió Dionisio Romero, como lo ha confesado, dueño del banco más poderoso del país.
A penas pisó palacio, en su primer mandato, convocó el país a los “doce apóstoles”, las doce familias que usufructúan el modelo mercantilista peruano que vive de hacer negocios con el Estado.
Pero, en los 80 el Estado pobre de un país que producía casi nada tenía poco que dar y por eso, en otro arranque de euforia, decidió estatizar los bancos.
También fracasó en eso, ya nadie le creía: sin dinero en las arcas fiscales, recurrió a imprimir papel con el que encendíamos cigarrillos los chicos a quienes nos había robado toda ilusión de futuro.
Cuando dejó su primer mandato García había convertido en empleados púbicos a miles de apristas. En el magisterio nombró como maestros a cientos que eran personal de limpieza, pero tenían carnet aprista. En el Poder Judicial, instaló jueces y fiscales que han servido a su camorra hasta el día de hoy, algunos de los cuales están siendo identificados , detenidos y prontamente juzgados.
Durante su gobierno, de un día para el otro, convirtió a miles de ciudadanos en delincuentes: era ilegal cambiar moneda extranjera, ilegal tener dólares. Era ilegal que una panadería pusiera precio a sus panes, sin autorización ministerial; Ilegal que tuvieras sacos de azúcar o de arroz en casa: delito de “acaparamiento” se llamaba.
Una conversación telefónica grabada entre García y uno de sus secuaces durante el primer año del gobierno de Fujimori describe el cinismo con el que manejaba su impunidad. En esta conversación, le dice a Jorge del Casillo, congresista aprista en ese momento: “Tú sabes que en el BCCI –banco corrupto- estamos más limpios que en cualquier otra cosa. Coordina con Cambio –partido de gobierno- y Dammert y sus votos –presidente de una comisión investigadora- y que voten por las dos cuestiones previas y salgo ganando. Mañana salgo y digo: todo ha quedado desmontado.”
Había puesto el Estado al servicio de la candidatura de Fujimori; Cambio 90, el partido de Fujimori, le devolvía el favor votando en el congreso para evitar que fuera investigado.
García nunca fue juzgado por sus crímenes, que van desde robo hasta crímenes de lesa humanidad.
En los 90, durante el golpe fujimorista, se escondió en la casa de un ministro de Fujimori, Hurtado Miller –que fue juzgado y sentenciado por corrupto- y luego se asiló en la embajada de Colombia, que le concedió el asilo político. Hurtado Miller confesaría después que el gobierno sabía que Alan García estaba en su casa.
Fujimori mismo firmó el salvo conducto que permitió a Alan García huir del país.
El ex presidente aprista, de origen humilde, a quien un país entero llamaba “caballo loco”, acabó en París, donde tenía un departamento que un ex presidente desempleado jamás podría haber comprado.
El legado político de García parece reducirse a: roba, miente y huye.
Firmó miles de documentos como Doctor Alan García, pero no hay documento alguno que siquiera confirme que es realmente abogado titulado.
Cercado por las evidencias de la corrupción de su gobierno, que tiene en detención a sus más cercanos colaboradores, dijo que era un honor quedarse en el país para ser investigado cuando le dictaron impedimento de salida por dieciocho meses.
Esa noche, corrió a pedir asilo a la embajada de Uruguay, pero ese país no lo concedió. Una sola voz corrió en Uruguay: “damos asilo por persecución política, no por corrupción”.
Luis Nava, su secretario durante los cinco años de su segundo gobierno, será detenido en las próximas horas: hallaron cuatro millones de dólares en sus cuentas bancarias. “Sus cuentas” es un decir: ¿Qué poder podría tener un secretario para lograr que empresas privadas como Odebrecht le paguen sobornos?
Hoy, García volvió a hacer lo que siempre hizo: huyó.
El autor es periodista y escritor